Energía Distribuida

De FLOK Society (ES)
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Capacidades productivas orientadas hacia los comunes (línea 2)

Autores: George Dafermos, Panos Kotsampopoulos, Kostas Latoufis, Ioannis Margaris, Beatriz Rivela, Fausto Paulino Washima, Pere Ariza-Montobbio, Jesús López

Versión Post-Cumbre, Junio 2014 [1]

Contenido

Resumen Ejecutivo

El presente documento examina la aplicación de los principios de la economía social del conocimiento al sector de la energía. En la sección de Introducción, se expone la importancia del sector energético y los principios generales que han sido contemplados en este texto, para posteriormente abordar el concepto de la economía del conocimiento, estableciendo una distinción entre la economía social de conocimiento y las economías capitalistas del conocimiento.

La siguiente sección, Crítica de los Modelos Capitalistas, analiza cómo el modo de generación de energía, desarrollado durante doscientos años de dominio capitalista, a través de la destrucción continua de la naturaleza y la prevalencia de los modelos económicos con el crecimiento permanente como motor principal, se ha traducido en la transgresión de los Derechos de la Naturaleza, perpetuando el uso irracional de recursos no renovables. El sistema neoliberal ha derivado en mercados energéticos no regulados y un proceso de privatización global, que debilita el control público y social sobre un sector clave para la producción y reproducción de las sociedades modernas, tanto en el Norte como en el Sur Global.

En la sección Modelos Alternativos: Energía Distribuida, se presenta el modelo de energía distribuida como una potente alternativa a los modelos centralizados basados en la propiedad privada, describiendo brevemente sus características principales: (a) la utilización de fuentes de energía renovable, (b) el empoderamiento de consumidores, a través de la democratización de los medios de producción y distribución de energía y (c) la gestión comunitaria de las infraestructuras pertinentes. El reconocimiento de que la generación de energía podría ser mucho más eficientemente organizada como un procomún -en lugar de como una mercancía- debe ser el principio fundamental subyacente a todas las propuestas de políticas alternativas para el sector energético. Bajo este principio general, el modelo de energía distribuida se ilustra mediante cuatro casos de estudio en la sección de Principios Generales para la Elaboración de Políticas, cuyo examen permite identificar un conjunto de condiciones facilitadoras y potenciadoras, para guiar los esfuerzos de formulación de políticas y reforzar el desarrollo de una sociedad post-combustible fósil, que respete los Derechos de la Naturaleza.

La sección El Marco Ecuatoriano de Política Energética ofrece inicialmente una perspectiva de la situación del sector energético en Ecuador, centrándose a continuación en el marco específico para la definición de políticas energéticas en el contexto nacional. Finalmente, la sección Recomendaciones de Políticas Públicas presenta orientaciones de políticas públicas para iniciar las transiciones descritas, en un marco de políticas y programas preexistentes, sugiriendo la puesta en marcha de proyectos piloto cuyo carácter demostrador pueda tener un efecto multiplicador.

Introducción

Este documento de política pública examina la aplicación de los principios de la economía social del conocimiento al sector energético de la economía. En esta sección se introduce, en primer lugar, la importancia del sector energético, el objetivo y los principios generales que han sido contemplados en este texto. Posteriormente, se aborda el concepto de la economía del conocimiento, estableciendo una distinción entre la economía social de conocimiento y las economías capitalistas del conocimiento.


La energía: sector estratégico de la economía y flujo sanguíneo del sistema productivo

El sector energético constituye un sector estratégico en toda economía, conformando el flujo sanguíneo del sistema productivo y un factor clave para la satisfacción de necesidades humanas. Un adecuado planteamiento del sector energético debe perseguir la soberanía energética, construida sobre una gestión de provisión y consumo eficiente de energía, basada en la participación inclusiva y proactiva de todos los actores del territorio y la sostenibilidad del ecosistema. La energía debe ser entendida como un bien común, con un enfoque territorial que permita conectar energía y territorio, abordando sus múltiples dimensiones (temporal, geográfica, etc.) y prestando atención prioritaria al beneficio local.

En el momento actual, el sector energético a nivel global se enfrenta a serios límites físicos y ambientales, siendo el agotamiento de los recursos fósiles y la amenaza del cambio climático dos elementos indudablemente determinantes. El sector energético requiere un proceso de transición hacia una matriz energética sustentable, proceso en el que lograr el acceso universal de toda la población a fuentes de energía apropiada debe constituir un objetivo prioritario. Plantear alternativas que permitan armonizar las necesidades energéticas con la sustentabilidad ecológica conlleva una revisión del concepto de desarrollo y la búsqueda de nuevos paradigmas evolutivos para las sociedades. Por otra parte, resulta evidente que una matriz energética sustentable ha de depender exclusivamente de fuentes renovables, utilizadas de forma que garanticen su renovabilidad. En este sentido, la región latinoamericana se enfrenta a un desafío de difícil resolución: prácticamente la mitad de su abastecimiento energético depende del petróleo y las proyecciones indican que aumentará la demanda. Pero es necesario insistir en que ésta es una fuente de energía cuya escasez y costo irá en aumento, y aun suponiendo que siguiera resultando posible acceder a ella, los predecibles efectos ambientales serían inasumibles. La fantasía de una “economía de tierra plana”, sin entropía ni límites biofísicos, conduce inevitablemente a nuestras sociedades con firme aceleración hacia el abismo. Hemos de ser capaces de examinar qué perspectivas alternativas existen para una transición socioecológica, en la que la potencia de una especie como la nuestra se muestre capaz de construir, a través de las instituciones y del trabajo individual y colectivo, un mundo social y natural dentro del cual poder desarrollar una vida buena (Guayanlema et al. 2014).

La generación, acceso y difusión de información desagregada, georeferenciada y abierta sobre el sistema energético en el territorio, deben sustentar un nuevo paradigma y protocolos de planificación energética. Estos protocolos deberán considerar necesidades, capacidades, recursos renovables disponibles, opciones de conservación de los recursos; y, el uso de tecnologías abiertas, apropiadas y apropiables.

El proceso de transición hacia una matriz energética sustentable debe enfocarse en preparar la institucionalidad y la tecnología capaces de administrar con eficacia y equidad ese flujo de energía que se reproduce natural y constantemente en la biosfera (CEDA 2012). Como prioridad aparece la creación de espacios y mecanismos para facilitar la articulación del estado y la sociedad civil en actividades de capacitación, investigación, innovación, producción y gestión del consumo de energía. En esa articulación, se debe consensuar una agenda regulatoria que facilite la transformación recíproca de las matrices energética y productiva y la democratización de la prestación de servicios energéticos, siendo la propiedad un aspecto clave que debe ser analizado con profundidad.

Un elemento esencial para el éxito de ese proceso de transición reside en percibir que la sustentabilidad de la matriz no solo está determinada por la oferta energética, sino también por la demanda. La estrategia debe combinar un esfuerzo importante en los niveles de eficiencia energética con la promoción del ahorro basado en el cambio de hábitos de consumo, nuevas modalidades de intercambio de bienes y servicios, reordenamiento territorial, etc. Resulta imprescindible, por lo tanto, presentar especial atención a la educación y alfabetización energética de toda la población, garantizando su participación activa en el proceso.

Límites físicos de la economía del conocimiento

En contraste con las concepciones tradicionales de los factores de producción, centradas en la tierra, el trabajo y el capital, el concepto de economía del conocimiento enfatiza el rol del conocimiento como el principal motor de la actividad económica (Bell 1974; Drucker 1969; para un análisis crítico del concepto, véase Webster 2006). Esto implica, por supuesto, que el medio decisivo de producción en una economía del conocimiento es el acceso al conocimiento. Desde este posicionamiento, es precisamente la cuestión de cómo se está gestionando el acceso al conocimiento la que determina en gran medida el carácter de un sistema económico. Las economías capitalistas del conocimiento emplean la institución de propiedad intelectual para crear condiciones de escasez en conocimiento: de este modo, el conocimiento es privatizado y encerrado en las estructuras de propiedad que limitan su difusión a través de la esfera social. Una economía social del conocimiento, en contraste, está caracterizada por el acceso abierto al conocimiento (Ramírez 2014) y por tanto reconfigura la aplicación de los derechos de propiedad intelectual para prevenir la monopolización y el cercamiento privado del conocimiento: el conocimiento no debe ser contemplado como un medio de la acumulación individual ilimitada, sino como un patrimonio colectivo, catalizador de la transformación económica y productiva.

En pocas palabras, una economía social del conocimiento es una economía en la cual el conocimiento es visto como un bien público y común; una economía que prospera sobre los “bienes comunes del conocimiento”. (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017).

Esta economía del conocimiento, sin embargo, se sustenta y demanda recursos naturales y energía para la sostenibilidad de su metabolismo social (Giampietro et al. 2009; Martinez-Alier 1987, Fischer-Kowalsky 1997). El crecimiento de la economía de servicios y una desmaterialización relativa en el Norte Global, bajo un modelo capitalista de economía del conocimiento, se ha producido a expensas del intercambio ecológico desigual con el Sur Global. La externalización de actividades contaminantes ha invisibilizado que la mejora de la calidad ambiental en el Norte ha sido posible, en gran medida, por ese desplazamiento de actividades y la importación de materias primas extraídas en el Sur a precios baratos (Giljum 2004; Hornborg et al. 2007). Lejos de no necesitar recursos, la economía social del conocimiento, como toda economía, requiere de un cambio de matriz productiva en la que los sectores industriales y primarios deben ser integrados e interrelacionados con el sector terciario del conocimiento, combinando de manera sustentable la potencialidad del conocimiento con una economía productiva, que inevitablemente requerirá recursos materiales, por lo que será necesario analizar en profundidad la "materialidad" de esta economía social del conocimiento.


Crítica de los Modelos Capitalistas

La generación y transformación de energía se ha caracterizado por una tendencia hacia el aumento de escala y hacia la centralización, geográfica y política, en la mayor parte de su historia desde la era industrial (Mumford 1963). En el caso de la generación eléctrica, este modelo, en el que la energía se ha venido generando en centrales eléctricas que suministran electricidad a los lugares de demanda a través de la red, comenzó a fallar en la década de los 1960. Mientras tanto, las preocupaciones ambientales sobre el uso de combustibles no renovables y el aumento del potencial para alcanzar eficiencia a través de la localización de las unidades productivas cerca de los lugares de demanda, favorecieron fuertemente la descentralización en la generación y gestión de sistemas energéticos. Paralelamente, la tensión sobre los modelos centralizados, provocada por la creciente demanda de energía en el siglo XXI, ha reforzado este empuje hacia los modelos distribuidos, al igual que el aumento de la disponibilidad de las tecnologías de generación de energía a pequeña escala (Takahashi et al. 2005). Sin embargo, a pesar de estas presiones para la adopción de estructuras descentralizadas, el modo de producción de energía se mantiene hasta hoy en día predominantemente centralizado.

Para poner en contexto esta tendencia de aumento de la escala y centralización, debe entenderse que la arquitectura (centralizada) de la infraestructura existente es un “legado” heredado de la era industrial y el sistema de producción en masa. De hecho, la disponibilidad de recursos energéticos fósiles de gran densidad energética (mucha generación de energía por unidad de tiempo y superfície) permitió la industrialización que ya empezaba a producirse con el carbón vegetal (Sieferle 2001, Smil 2010). El progresivo desarrollo de un sistema energético centralizado facilitó que la producción de bienes se organizara y centralizara en las fábricas en el sistema de producción en masa.

El resultado es un sistema sujeto a los mismos problemas que aquejan al modelo de producción en masa: en primer lugar y debido a que este modelo se orienta a la generación de un producto indiferenciado para un mercado homogéneo, no es apto para un mercado que se caracteriza por la diversidad de necesidades de los usuarios[2]. En segundo lugar, el modelo centralizado de producción de energía, al igual que todo el sistema de producción en masa que esta energía permite, depende de la disponibilidad permanente de combustibles fósiles baratos -carbón, petróleo, gas natural (Bauwens 2009, 2012, IEA 2012), otras fuentes de recursos no renovables, como es el caso del empleo de uranio en las centrales nucleares (con los consiguientes riesgos asociados) o grandes centrales renovables convencionales (cuya sostenibilidad está actualmente en debate, véase Ansar et al. 2014). Sin duda, la dependencia de recursos no renovables constituye un factor de riesgo elevado, ignorando la realidad subyacente a la escasez de estos recursos y manteniendo un uso irracional y ambientalmente destructivo de funciones ecosistémicas esenciales.

Además de su incapacidad para satisfacer las necesidades heterogéneas de los consumidores finales y su dependencia autodestructiva de los combustibles fósiles, el modelo actual de generación de energía es contrario al desarrollo de una sociedad post-consumista. Este hecho resulta muy evidente en los casos en los que el sector eléctrico es de carácter privado y opera a través de la centralización de los medios de generación de energía en grandes centrales, provocando una dependencia efectiva de los usuarios finales en las empresas de servicio de suministro de electricidad, lo que refuerza y perpetúa una forma de vida consumista [1]. A medida que los usuarios son encerrados en una relación de consumo pasivo de la energía, se ven condenados a permanecer en un estado de “analfabetismo energético”, ignorando las implicaciones ambientales y el funcionamiento del sistema energético. La indiferencia resultante, que acompaña al modo actual de generación y consumo de energía, resulta, por supuesto, una forma peligrosa de ignorancia, ya que promueve el consumo irracional y ambientalmente irresponsable de energía.

Gran parte de la misma crítica se aplica a los modelos de energía renovable, actualmente en boga entre los defensores del “Capitalismo Verde” (véase Hawken et al. 1999) y el “crecimiento verde” (véase OECD et al. 2012; World Bank 2012). A pesar de que estos modelos se basan en el uso de fuentes de energía renovable y, por lo tanto, apoyan la reorientación del modo de producción de energía en la dirección de una mayor sostenibilidad ambiental, la lógica de producción en masa de un producto para un mercado de consumo homogéneo, sigue siendo el principio organizador de estas infraestructuras. Como resultado, no presentan la capacidad de dar respuesta a las cada vez más diversas necesidades de los consumidores de energía. Y lo que resulta peor, manteniendo a los consumidores en un estado de consumismo pasivo y analfabetismo energético, que les desposee de su autonomía y soberanía. La centralización subyacente de los medios de la producción de energía constituye un obstáculo para la emergencia de una sociedad del conocimiento post-consumista en el ámbito de la energía [3].

Recapitulando, los modelos centralizados existentes de generación de energía, incluyendo a aquellos que hacen uso de las fuentes de energía renovable, se basan en la lógica obsoleta que contraviene a las necesidades y objetivos de una sociedad del conocimiento post-consumista. Por el contrario, lo que una sociedad post-carbón, post-capitalismo necesita es un modo diferente de generación de energía que se base no solo en el uso de fuentes renovables de energía, sino también, en la participación de los consumidores en la generación, control y proceso de apropiación, que puede ser alcanzado a través de la descentralización y democratización de los medios de generación de energía. Esto es esencialmente el modelo de distribución de energía (ó P2P) que, de manera adicional al uso de recursos energéticos renovables, que se caracteriza por (Papanikolaou 2009): -la transformación de consumidores en co-productores mediante la descentralización de los medios de producción; -la participación voluntaria de productores individuales, familias y comunidades; -el carácter comunitario de la gestión, control y apropiación de las infraestructuras subyacentes.

Las tecnologías de energía distribuida, la gestión cooperativa y herramientas de operación, por lo tanto, pueden crear las condiciones materiales que permitan el surgimiento de los bienes comunes de energía, en contraste con los modelos tradicionales centralizados de generación energética que se han desarrollado en el transcurso del Siglo XX.

La crítica al modelo energético capitalista merece ahondar, de manera adicional, sobre dos aspectos clave: la importancia de la propiedad y la existencia de unos límites físicos al crecimiento, elementos que comúnmente se encuentran ausentes en el debate sobre modelos energéticos.

En la discusión de alternativas al presente sistema centralizado basado en combustibles fósiles, frecuentemente se ignora la propiedad de recursos energéticos e infraestructuras relevantes (redes, unidades de producción, centros de control, tecnología de conocimiento, etc.). El shock neoliberal ha creado un amplio programa político de privatización, generalmente relacionado con los acuerdos de deuda externa con instituciones internacionales -como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, lo que ha conducido a un nuevo paradigma de propiedad en el sector energético. Esto se traduce en un reducido control público y social, así como en una regulación pro-corporaciones sobre aspectos cruciales relacionados con energía (soberanía, dependencia energética, volatilidad de precios, pobreza/acceso energético, implicaciones para el cambio climático, etc.). Sin embargo, las nuevas tecnologías de generación energética han proporcionado la capacidad de hacer efectivos regímenes más socializados de propiedad, en la forma de infraestructuras energéticas de menor escala -distribuidas-, propiedad y gestión cooperativa de la generación y consumo energético, modelos de "prosumidor", etc. Este proceso no resulta "dictado" por fuerzas meramente o “neutralmente” tecnológicas, sino por una combinación de interacciones y conflictos de índole social, política y económica, que deberían ser comprendidos con mayor profundidad. Las redes inteligentes y las energías renovables pueden constituir la base material para nuevas formas de propiedad colectiva de energía. Se trata, sin embargo, de un claro proceso político, que definirá el futuro de los sistemas energéticos y la capacidad de los ciudadanos de poseer, diseñar, controlar y regular por sí mismos el metabolismo social o, dicho de otra forma, su relación con la naturaleza, en la que la energía ostenta una posición decisiva.

El copyright y las patentes sobre tecnología energética están constantemente restringiendo la expansión y transferencia de conocimiento relevante alrededor del mundo. Las multinacionales han creado nuevas relaciones de poder a través de un estricto control sobre patentes, mientras que la mayoría de investigación y producción de conocimiento se asegura a través de fondos públicos, procesos académicos abiertos, etc. Las herramientas de producción de tecnologías energéticas abiertas son, por lo tanto, medios vitales para el proceso político previamente descrito, motivo por el que las metodologías de acceso abierto adquieren más y más relevancia para los conflictos energéticos sobre recursos y propiedad tecnológica. La definición de tales herramientas de acceso abierto/código abierto debería constituir un elemento central de las políticas públicas que posibiliten un rápido y amplio desarrollo de nuevas tecnologías para generación, gestión y consumo de energía.

Por otra parte, es relevante recordar que el sistema capitalista requiere de constante crecimiento y expansión, incrementando el margen de beneficios año tras año, para así reproducir la acumulación de capital. Sin embargo, ese crecimiento infinito no resulta posible en un mundo finito (Latouche 2006). A pesar de la financiarización del capitalismo, que permite aumentar los beneficios a través de la especulación y el crédito, el sistema financiero, tarde o temprano necesita recircular el capital al sector productivo, cuya expansión tiene claros límites biofísicos o socio ambientales, como buena muestra son el pico del petróleo y el cambio climático. La economía social del conocimiento debe construirse contemplando estos límites y facilitando los procesos y mecanismos para reorientar los objetivos de la sociedad más allá del monocriterio del crecimiento constante.

La expansión y crecimiento constante del capitalismo se ha manifestado espacialmente en la división mundial del trabajo y en el intercambio ecológico desigual del sistema mundo (Hornborg 1998; Wallerstein 2001). Las zonas de extracción, producción y consumo se han ido distanciado progresivamente, generando un desarrollo desigual entre polos de generación y consumo de energía, tanto a la escala de las economías de enclave extractivistas, como a mayores escalas regionales y globales (Bunker 1984, 2009). Tal y como se ha venido insistiendo, una alternativa al sistema de generación de energía concentrado y centralizado es la generación descentralizada y distribuida, promoviendo así la creación de nuevas dinámicas territoriales.

Modelos Alternativos: Energía Distribuida

Si bien existen diferentes definiciones del concepto de generación distribuida, que guardan similitudes pero difieren en algunos aspectos (Gómez 2008), en términos generales el concepto de energía distribuida se relaciona con una aproximación de generación a pequeña escala y próxima al consumidor.

Este concepto no es en absoluto un concepto nuevo. Los primeros sistemas y redes eléctricas operaban con corriente continua, lo que limitaba tanto la tensión de suministro como la distancia entre el generador y los puntos de consumo, por lo que las centrales de generación solamente suministraban energía eléctrica a usuarios en un ámbito local. La aparición de la corriente alterna permitió transportar la energía eléctrica en alta tensión y a grandes distancias, posibilitando un fuerte incremento en la potencia de generación. Los sistemas eléctricos evolucionaron, pasando de forma mayoritaria a un esquema de grandes centrales de generación y grandes redes de transporte y distribución, con el fin de abaratar los costes de producción y distribución. El equilibrio entre la demanda y el suministro se alcanzó mediante la combinación de consumos, aumentando la seguridad del suministro mediante la compensación entre centrales interconectadas.

A partir de los años 70, con la crisis del petróleo y la constatación de la gravedad de los efectos del deterioro ambiental, el concepto de energía distribuida cobra paulatinamente mayor atención. Entre los factores que explican este interés renovado, cabe destacar las innovaciones tecnológicas, el incremento de los costes de transporte y distribución, el escenario económico cambiante, la preocupación por el cambio climático o la aparición de normativas reguladoras en algunos contextos.

En el momento actual, la relevancia el papel a desempeñar por parte de los sistemas de generación distribuida parece indiscutible, mucho más allá de la provisión de energía a pequeñas comunidades aisladas: el cambio de paradigma en el sistema energético constituye un cambio de pensamiento y actitud, promoviendo comunidades capaces de proponer, diseñar, implementar y operar su propia tecnología, adaptada a la realidad de su contexto.

En el caso de la generación eléctrica, un elemento a considerar en el aprovechamiento de recursos energéticos renovables a pequeña y mediana escala reside en el hecho de que este aprovechamiento puede dejar de ser contemplado como un aporte de energía adicional a la red nacional -con las frecuentes restricciones por parte del operador de la red- y convertirse en una opción viable para regular la calidad de la energía en la red, gracias a la posibilidad de operar como una carga variable que permite regular la potencia activa y pasiva en la red. Este mecanismo podría representar una gran ventaja para aquellas zonas que poseen recursos energéticos renovables pero que se encuentran alejadas de los grandes centros de consumo, siendo posible la obtención de un beneficio en el marco de un nuevo modelo de mercado, como la venta de "servicios energéticos" (el control de calidad de la energía en la red). Evidentemente, este tipo de esquemas requiere un nuevo entorno legal para la aceptación de estos nuevos modelos de mercado. La transformación de vectores energéticos, tanto en el ámbito de energía integrada a la red como de sectores autónomos, se presenta igualmente como una alternativa de potencial interés para un funcionamiento más eficaz del sistema energético.

La perspectiva de la generación distribuida pone especial énfasis en la gestión de la demanda y en su interrelación constante con la oferta renovable para poder incrementar la penetración de energías renovables en el sistema (Kempener et al. 2013). La gestión de la demanda requiere de su entendimiento a nivel territorial y espacial, e identificar quién y cómo consume la energía en distintas áreas del territorio, así como la interrelación entre distintas tipologías de consumo y generación de energía (Ariza-Montobbio et al. 2014). En definitiva, la generación distribuida promueve el acercamiento y conexión entre la generación de energía y su consumo (Alanne y Saari 2006).

Lo anteriormente expuesto requiere, por lo tanto, un enfoque territorial de la energía, que provenga de información georeferenciada de los recursos renovables disponibles y de las dinámicas de consumo. Este nuevo paradigma de planificación y de organización de la información energética permite pensar la eficiencia energética no únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino socio-estructural. Cambios en los patrones socio-demográficos de la distribución geográfica de la vivienda y el lugar de trabajo, así como las prácticas culturales y el uso del tiempo asociadas al consumo de energía, pueden permitir importantes reducciones de consumo de energía tanto relativa (eficiencia) como absoluta (ahorro). Ejemplos de ello son la promoción económica de centros urbanos pequeños y medianos o la colectivización de consumos (electrodomésticos, procesos industriales, transporte público, etc.) (D’Alisa y Cattaneo 2012, Gamboa, G., 2009).

Los efectos sociales de la generación distribuida dependen de la escala de producción de las tecnologías utilizadas, entre otros factores. A nivel municipal, la implicación en el cambio de modelo energético de ciudadanos y municipios a través de cooperativas de energías renovables puede dar lugar al desarrollo de proyectos de hasta 100 kW para la generación de electricidad, siendo la tecnología predominante la solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica de baja tensión. A nivel vecinal, los tejados solares de las viviendas conectados en la red eléctrica local pueden llegar hasta potencias de 10 kW. En el caso de zonas rurales, donde existen comunidades dispersas y aisladas de la red eléctrica, se pueden instalar sistemas de generación eléctrica autónomos con potencias de hasta 15 kW basados en energía solar fotovoltaica, minieólica o minihidráulica. La energía mini y microeólica ha demostrado grandes posibilidades de desarrollo con aerogeneradores de pequeña potencia. Especialmente relevante es el desarrollo de microaerogeneradores con tecnología abierta de hasta 1 kW , basados en el diseño de Hugh Piggot (2008). La tecnología microhidráulica es una de las alternativas energéticas renovables más económicas, seguras y de bajo impacto ambiental para la electrificación rural, si se eligen las tecnologías apropiadas y se lleva a cabo una planificación apropiada de su implementación, operación y mantenimiento. Existen multitud de proyectos microhidráulicos exitosos en países en vías de desarrollo, lo cual indica su gran adaptabilidad a las condiciones locales, su sostenibilidad y su contribución al desarrollo local de las comunidades.

Por otra parte, es necesario destacar que, para cubrir necesidades térmicas como la preparación de agua caliente sanitaria, se pueden utilizar tecnologías renovables no eléctricas, como la solar térmica de baja temperatura o incluso, en zonas rurales, la generación de biogás procedente de la digestión anaerobia de residuos agrícolas y ganaderos. Este biogás también puede ser utilizado para el cocinado de alimentos.

El uso de estas tecnologías y configuraciones favorece el desarrollo de grupos sociales de productores/consumidores, también denominados "prosumidores". Cuando los ciudadanos, familias y comunidades producen parte de la energía que consumen localmente mediante el uso de tecnologías renovables, poco a poco se conciencian de los efectos ambientales, económicos y sociales de este modelo distribuido de producción energética. La producción de energía deja de ser un sistema de caja negra en la que todo está externalizado. En este sentido, un consumidor/productor de energía puede concienciarse de los costes reales de la energía que utiliza y, como consecuencia, reducirá su consumo adoptando medidas de ahorro y eficiencia energética. Adicionalmente, la participación de los usuarios de la energía en su producción mejora los procesos de planificación energética, al estar más cercanos a las necesidades de los usuarios, especialmente a nivel comunitario y municipal. Estos procesos de participación de abajo hacia arriba finalmente desembocan en una democratización real de la planificación energética que permite satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades con un impacto ambiental más reducido.

Las microrredes -en ocasiones referidas como miniredes- constituyen un típico ejemplo de infraestructuras de energía distribuida, que han experimentado el más rápido desarrollo y suponen el campo más dinámico del sistema global energético en los últimos años[4]. Combinando la producción de energía renovable y las TIC con un nuevo marco político para el mercado energético, las microrredes proporcionan las herramientas científicas, técnicas, políticas, organizacionales y sociales para una transformación fundamental del sistema energético, tanto a nivel local como transnacional. Las microredes del futuro podrían existir como células energéticamente equilibradas dentro de las redes existentes de distribución de energía o independizar las redes de energía dentro de pequeñas comunidades. El nuevo control de capacidades permite a las redes de distribución operar de forma aislada con respecto a la red central, así como integrarse en caso de averías u otras perturbaciones externas, por lo que contribuyen a mejorar la calidad de suministro[5].

Las microrredes se construyen en base a microgeneradores cada vez más disponibles, como microturbinas, pilas de combustible y sistemas fotovoltaicos (PV), turbinas eólicas y pequeños grupos electrógenos hidroeléctricos, junto con dispositivos de almacenamiento, como volantes, condensadores de energía y baterías y cargas controlables (flexibles) -por ejemplo, vehículos eléctricos- al nivel de distribución. Las mejoras en la tecnología de redes en términos de gestión de energía y tecnología para el usuario final, así como en las TIC para la gestión de la carga, operación remota y sistemas de medición, algoritmos de análisis de datos y de facturación, han contribuido a la creciente implantación de modernas microrredes

El informe “Microrredes para electrificación rural” (Schnitzer et al. 2014), publicado en febrero del 2014, describe el potencial de las microrredes en áreas rurales y periurbanas en países en vías de desarrollo:

“Más de 1,2 miles de millones de personas no tienen acceso a la electricidad, lo que incluye a más de 500 millones de personas en África y 300 millones de personas sólo en India (…) En muchos de estos lugares, la aproximación tradicional para abastecer a estas comunidades es extender la red central. Esta aproximación es técnica y financieramente ineficiente, debido a una combinación de escasez de capital, servicio energético insuficiente, reducida fiabilidad de la red, extensión del tiempo de construcción y el reto que representa la construcción para conectar áreas remotas. Las microrredes financiadas y operadas de forma adecuada, basadas en recursos renovables y apropiados, pueden superar muchos de los retos que han enfrentado las estrategias tradicionales de iluminación o electrificación”.


Cabe destacar que, a pesar de que el concepto de energía distribuida se asocia frecuentemente con "energía eléctrica", un análisis en mayor profundidad obliga a ampliar el espectro y pone de manifiesto la relevancia de otras formas de energía, cuya generación y consumo pueden resultar mucho más significativos en términos globales.

En este sentido, es indiscutible la importancia del sector transporte, componente esencial en el comercio y economía mundial, desempeñando igualmente la movilidad de personas un papel fundamental en el sistema energético. En la actualidad, los medios de transporte están mayoritariamente basados en la quema de combustibles fósiles, constituyendo una significativa fuente de polución de gases de efecto invernadero, que varían de acuerdo al medio y tipo de transporte.

Las implicaciones del futuro escenario de combustibles fósiles, para los que se contempla un incremento continuo de costos e inversiones para hacer posible su explotación -al margen de los severos impactos ambientales generados-, pueden verse fácilmente paliadas mediante un reemplazo por alternativas renovables, en el caso de usos como la generación de electricidad o de calor. Sin embargo, en otros sectores, como el transporte o la agricultura, la escasez de petróleo no va a resultar fácilmente sustituible (CEDA 2012). En particular, la cadena alimentaria ha sido señalada como uno de los sectores más vulnerables (UNEP 2012; FAO 2011). El aumento de los precios de petróleo debido a la escasez tendrá consecuencias para la producción agrícola por el incremento de precios de los fertilizantes y pesticidas, así como del combustible para la maquinaria. La creciente dependencia de la agricultura de estos insumos hace aún más vulnerable al sector que en el pasado. Por otra parte, los alimentos forman parte de una cadena de transporte y distribución cada vez más larga; una posible crisis de abastecimiento de petróleo en el corto plazo pondría en serio riesgo a la cadena de transporte y distribución de alimentos. Entre las opciones a valorar en un escenario de transición es importante analizar en profundidad la viabilidad técnico-económica y los impactos ambientales y sociales asociados al empleo de biomasa como fuente alternativa, para tomar decisiones de forma acertada sobre sus posibilidades de desarrollo.


Principios Generales para la Formulación de Políticas

La planificación energética bajo el paradigma de la energía distribuida requiere de un nuevo enfoque que considere la heterogeneidad espacial, social y ecológica de los territorios. Acercar generación y consumo y gestionar el sistema energético, de tal forma que se compatibilicen y adapten mutuamente la demanda energética a la oferta energética renovable disponible, requiere de la participación social y de la disponibilidad de información abierta convenientemente georeferenciada.

La participación social facilita la identificación de los recursos renovables disponibles y las potencialidades y capacidades para desarrollar tecnologías apropiadas y apropiables. Un enfoque de participación que haga protagonistas a los habitantes de los territorios también permite un proceso de aprendizaje social sobre las problemáticas energéticas, que facilita su implicación y concientización hacia la necesidad de reconsiderar y adecuar la demanda de energía.

Los datos abiertos, georeferenciados y desagregados lo máximo posible, proporcionan información disponible para la toma de decisiones y para la reflexión y planteamiento de políticas energéticas adecuadas. Estos datos deben presentar múltiples dimensiones -social, demográfica, económica, energética, ecológica- para posibilitar la identificación de las interrelaciones relevantes para la planificación.

El punto de partida para una adecuada planificación ha de ser necesariamente la identificación de usos finales de energía: uso doméstico (desagregado por componentes), industrial, sector transporte, sectores agrícolas y servicios. Paralelamente, resulta imprescindible caracterizar los recursos energéticos renovables disponibles en el territorio: solar, eólico, biomasa (incluyendo biomasa forestal), cuencas hidrográficas, recurso geotérmico o energía de las mareas. Una vez analizadas las características del territorio en términos de demanda y potenciales recursos energéticos renovables, debe abordarse el análisis de las tecnologías apropiadas y "apropiables", de manera que se garantice la soberanía energética, evitando el desplazamiento desde una dependencia externa de recursos energéticos a una indeseable dependencia tecnológica.

Es importante señalar que el establecimiento de nuevas industrias viene necesariamente acompañado de requerimientos propios de energía, capacidad humana y capital financiero. Para alcanzar la transformación de la matriz productiva resulta imperante un proceso de cambio y diversificación de la matriz energética hacia un sistema sustentable, mediante la diversificación en generación con recursos renovables, así como en los usos eficientes finales de la energía; del mismo modo que el cambio de matriz energética resulta un elemento clave en el proceso de cambio de matriz productiva, esta relación ha de establecerse con carácter bidireccional: el cambio en la matriz energética precisa de un cambio en la matriz productiva, que haga posible la incorporación de tecnologías apropiadas y "apropiables", es decir, que respondan a las capacidades productivas y recursos nacionales, evitando una nueva dependencia del exterior.

Para el esbozo de unos principios generales de carácter preliminar en formulación de políticas, se ha procedido a ilustrar el modelo de energía distribuida a través de cuatro casos de estudio, considerados ejemplos de buenas prácticas. El primero de ellos proporciona la visión sobre cómo una comunidad pequeña y aislada ha sido capaz de satisfacer sus necesidades de energía eléctrica a través del desarrollo de una infraestructura de pequeña escala de energía distribuida (microrred). El segundo caso de estudio, enfocado en la adopción de una infraestructura de energía hidroeléctrica a pequeña escala, ilustra los beneficios de una tecnología de energía distribuida fabricada localmente y controlada por los usuarios. El tercer caso de estudio presenta una evaluación de la fabricación local de tecnología de turbinas eólicas a pequeña escala, ampliamente utilizada en aplicaciones de electrificación rural, que es desarrollada por una comunidad global de usuarios. Finalmente, el espectro se completa con la presentación de la Red de promoción de biodigestores en Latino América y el Caribe (BioLAC).

A continuación se expone una breve descripción de los mencionados casos de estudio, que se encuentran desarrollados con mayor profundidad en el Anexo I del presente documento.

Estudios de caso

Caso de estudio 1: Proyecto de la comunidad de la isla de Kythnos (Grecia)

Kythnos es una pequeña isla griega situada en el mar Egeo. Como la mayoría de islas, Kythnos no está conectada a la red eléctrica de la Grecia continental. Dispone de una red eléctrica local que, sin embargo, no puede abastecer a todas las comunidades de la misma. Por ello, se decidió instalar una microrred en el año 2001, en el marco de los proyectos europeos PV-MODE (JOR3-CT98-0244) y MORE (JOR3CT98-0215). Esta microrred ha proporcionado desde entonces la electricidad para 12 casas situadas en un valle, alejadas unos 4 km de la red de media tensión más cercana (Hatziargyriou et al. 2007, Tselepis 2010). Este proyecto pionero en Europa se ha citado con frecuencia como ejemplo de alternativa de producción eléctrica local, económica y ambientalmente más sostenible mediante el uso de energías renovables. Este caso de estudio ilustra un modelo de energía distribuida que ha permitido a una comunidad aislada de la isla Kythnos ser eléctricamente autónoma mediante una alternativa más ecológica y sostenible.

Caso de estudio 2: Sistema de energía distribuida en Nepal basado en hidroeléctrica de pequeña potencia

La tecnología microhidráulica es una de las alternativas energéticas renovables más económicas para la electrificación rural. Está basada en el aprovechamiento de la diferencia de energía potencial entre pequeños saltos de agua de los ríos locales con caudales de 5-20 litros por segundo. Es una opción de muy bajo impacto, segura y barata, si se eligen las tecnologías apropiadas y se lleva a cabo una planificación adecuada de su implementación, operación y mantenimiento. Existen multitud de proyectos microhidráulicos exitosos en países en vías de desarrollo, lo cual indica su gran adaptabilidad a las condiciones locales, su sostenibilidad y su contribución al desarrollo local de las comunidades.Los sistemas microhidráulicos (5 a 100 kW) desvían una pequeña parte del caudal de un río sin la necesidad de construcción de grandes represas. Este caudal desviado se utiliza para hacer girar unas turbinas con un generador eléctrico acoplado para la generación de electricidad, volviendo finalmente de nuevo al río.

En Nepal, alrededor del 63% de las viviendas no disponen de acceso a la electricidad (Banco Mundial 2010). Desde el comienzo de la era industrial en este país, en la década de 1960, se han instalado un total de 2.200 plantas microhidráulicas con una potencia total de 20 MW que actualmente suministran electricidad para unas 200.000 viviendas (Handwerk 2012). Alrededor de 65 compañías privadas proporcionan servicios relacionados con la implementación de proyectos microhidráulicos bajo el paraguas de la Asociación de Desarrollo Microhidráulico de Nepal. Por otro lado, las 323 instalaciones del programa RERL (Renewable Energy for Rural Livelihood program) han creado más de 600 puestos de trabajo y han capacitado a más de 2.600 técnicos sobre la operación de estos sistemas. Programas similares se han llevado a cabo en otros países como Sri Lanka, Perú y Ecuador. En este último caso, EMAP (Banco Mundial 2005) ha realizado estudios de base para establecer la hoja de ruta para el desarrollo de la tecnología picohidráulica (1-5 kw) mediante el análisis de mercado en la zona Andina, la capacitación técnica para instalar y mantener estos sistemas con proyectos de demostración y la colaboración con pequeñas empresas del sector para identificar las oportunidades crecientes de implantación de esta tecnología en el Ecuador.

Caso de estudio 3: Tecnologías abiertas de energía eólica para infraestructuras de energía distribuida

El grupo del investigación en electrificación rural (RurERG), que forma parte de la unidad de investigación en redes inteligentes (Smart Rue) de la Universidad Nacional de Atenas (NTUA), ha evaluado desde el año 2009 el desarrollo de pequeños aerogeneradores diseñados y fabricados localmente, en el marco de un proceso de validación del uso de hardware abierto (Open Source Hardware, OSHW) y energías renovables para la electrificación rural. El pequeño aerogenerador Hugh Piggott (HP) se ha utilizado como diseño de referencia del aerogenerador OSHW ya que la mayoría de aerogeneradores fabricados localmente están basados en este diseño. Los manuales de diseño del aerogenerador Hugh Piggot (2008) son una referencia a nivel mundial para la construcción de pequeños aerogeneradores y han demostrado ser una herramienta de gran utilidad para la difusión de esta tecnología, tal como demuestra el hecho de que se ha traducido a más de 10 idiomas. Se estima que más de mil aerogeneradores se han fabricado localmente basándose en el diseño Hugh Piggot, la mayoría actualmente en operación. Muchas ONGs y otras asociaciones han utilizado estos manuales para la construcción de pequeños aerogeneradores para electrificación rural en países en vías de desarrollo. Paralelamente, han surgido grupos de entusiastas DIY (do-it-yourself, hazlo tú mismo) que organizan seminarios para explicar los detalles de este diseño. Por otro lado, desde el año 2012, la Wind Empowerment Association está intentando conectar la mayoría de organizaciones implicadas en el desarrollo y fabricación de pequeños aerogeneradores alrededor del mundo. Su objetivo es conseguir fuentes de financiación y recursos humanos para las actividades de estas entidades, así como promover la investigación tecnológica y compartir información técnica en el ámbito de la fabricación de pequeños aerogeneradores a nivel local.


Caso de estudio 4: Red de Biodigestores para América Latina y El Caribe

Los biodigestores son sistemas que aprovechan los residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades agrícolas y ganaderas para la producción de biogás y un fertilizante natural mediante un proceso de digestión anaerobia. El biogás se puede utilizar como combustible para la cocina, la calefacción o incluso la iluminación. Respecto a instalaciones de un cierto tamaño, este combustible también se puede utilizar para la generación eléctrica mediante la alimentación de motores térmicos con generadores eléctricos acoplados. Al principio del desarrollo de esta tecnología, el fertilizante obtenido se consideraba un subproducto de escaso valor pero actualmente se considera tan importante como el biogás, ya que aumenta de forma importante la producción agrícola. Los biodigestores de bajo coste se consideran una tecnología muy apropiada para las zonas rurales por su coste de inversión inicial reducido, operación sencilla, bajo mantenimiento y el hecho de que está disponible tanto a pequeña como a gran escala. Estos biodigestores se han implementado en países en vías de desarrollo desde la década de 1980. Los primeros ejemplos de uso de esta tecnología consistían en biodigestores tubulares de PVC, diseñados en Taiwán en 1981. Basados en este diseño, en Etiopía y Colombia (1987) se diseñó el biodigestor flexible tubular continuo. Más tarde este diseño se adaptó para climas tropicales en Vietnam (1994). La Red de Biodigestores para América Latina y El Caribe coordina los esfuerzos de diversas organizaciones implicadas en la investigación, desarrollo, difusión e implementación de biodigestores de bajo costo en nueve países de América Latina. Los miembros de la misma incluyen fabricantes, ONGs, centros de investigación y grupos de investigación de universidades. Sus objetivos principales son el intercambio de información y experiencias; identificación de las barreras técnicas, económicas, sociales y ambientales; difusión de la tecnología de biodigestores de bajo coste; coordinación de la investigación y desarrollo entre los miembros y finalmente promover acciones políticas para el desarrollo e implementación de esta tecnología. Desde su nacimiento, este organismo se ha convertido en una plataforma muy activa para el intercambio de conocimiento.

El exámen de estos casos de estudio permite identificar un conjunto de condiciones facilitadoras y potenciadoras, a partir de las que resulta posible extraer una serie de principios generales para guiar los esfuerzos de formulación de políticas dirigidas a reforzar el desarrollo de una sociedad post-combustible fósil que respete los Derechos de la Naturaleza:

Principios generales

La democratización de los medios de producción de energía

Como puede observarse en el caso de la implementación de la microrred en Kythnos y de las infraestructuras de energía hidroeléctrica de pequeña escala en Nepal, el efecto más visible de la adopción de estructuras distribuidas de generación de energía es la transformación de los consumidores en productores y de sus hogares en unidades productivas. Los modelos distribuidos, como lo son los modelos basados en microrredes, implican la democratización de los medios de producción a través del uso de sistemas de producción compartidos y de propiedad colectiva, puesto que la infraestructura tecnológica subyacente para la generación de energía no está centralizada en grandes centrales eléctricas, sino instalada en los propios hogares de los usuarios finales. Los consumidores de energía, por lo tanto, se hacen responsables de la operación diaria y de la gestión de esta infraestructura. Esta inversión de los usuarios en los medios de producción es la condición más importante para la emergencia del modelo basado en el procomún, la producción entre iguales en el ámbito energético.

La importancia de la inversión en alfabetización energética

La transición hacia modelos energéticos distribuidos conlleva significativos costos en el proceso de cambio, puesto que se requiere que los usuarios individuales (hogares) y las comunidades inviertan en familiarizarse con nuevas tecnologías, que tienen que aprender a operar. Sin el desarrollo y la difusión de una "alfabetización energética" entre los usuarios finales, los intentos de poner en marcha proyectos de energía distribuida están destinados a fracasar. Éste es el motivo por el que el diseño y la implementación de tales proyectos suele ir acompañada de cursos de formación dirigidos a proporcionar a los usuarios finales las habilidades requeridas para operar las tecnologías (denominadas "inteligentes") que serán instaladas en sus hogares y comunidades. En este sentido, los cursos de capacitación son vehículos para la transferencia de conocimientos a las comunidades locales, que les permitirán convertirse en autónomos energéticamente.

El desarrollo conducido por la comunidad y la importancia de la participación del usuario

Los modelos energéticos distribuidos evolucionaron a partir de la demanda para responder a las necesidades de las comunidades y hogares individuales, situados a menudo en regiones remotas, que fueron inadecuadamente provistas de suministro energético por parte de la infraestructura centralizada preexistente, o carentes absolutamente de suministro. Su desarrollo ha sido en gran parte "de abajo hacia arriba", iniciado y llevado a cabo por pequeñas comunidades locales, que han tomado la iniciativa de poner en marcha una infraestructura que se adapte de mejor manera a sus necesidades. El hecho más relevante es que la participación de la comunidad y de sus miembros está determinada porque los modelos y tecnologías de energía distribuida son mejor adoptados cuando no se imponen desde arriba hacia abajo, sino que se comparten de usuario a usuario. Como los propios usuarios serán los responsables de la operación y la gestión de estas tecnologías en el día a día, es esencial que estén involucrados en el proceso del diseño e implementación de los proyectos de energía distribuida. Consecuentemente, resulta crucial asegurar la participación de los usuarios finales y las comunidades locales en el proceso de formulación de políticas, transformando este proceso en un "modo del aprendizaje social, en lugar de un ejercicio de la autoridad política" (Pretty et al. 2002). Tal participación no solo da legitimidad a los programas de transición, ya que se han diseñado y puesto en práctica conjuntamente con los usuarios finales y sus comunidades, sino que también los empodera, contribuyendo a asegurar que las políticas son realmente receptivas a sus necesidades.

El significado del código abierto, tecnología apropiada

Los proyectos de energía distribuida se caracterizan por su amplio uso de las tecnologías de código abierto, como las turbinas eólicas abiertas o las plantas. Esto se fundamenta en múltiples razones; en primer lugar, las tecnologías de código abierto -por el hecho de que la información de diseño está disponible gratuitamente (bajo licencias abiertas)- permiten que la comunidad en general participe en su proceso de diseño y desarrollo, lo que resulta en una rápida mejora en el rendimiento y la reducción de los costos de producción (Benkler 2006; Dafermos 2014). A título indicativo, el costo de las tecnologías de energía hidroeléctrica de código abierto a pequeña escala, en un ámbito de fabricación local, es de aproximadamente un tercio de los productos propietarios equivalentes (Practical Action 2014) y pueden aplicarse esos mismos supuestos para las tecnologías de turbina eólica de pequeña escala fabricadas en un contexto local (Pearce 2012). Sin embargo, la importancia de las tecnologías de código abierto no se limita a las reducciones de costos y las mejoras en el rendimiento, que se hizo posible a través de su desarrollo distribuido por el acoplamiento flexible de una comunidad de investigadores, profesionales y aficionados repartidos por todo el mundo. Igualmente importante es el hecho de que las tecnologías de código abierto se han diseñado con el principio de sostenibilidad ambiental en mente y de tal manera que sean fácilmente reparables y modificables por los usuarios finales. En ese sentido, representan el paradigma de lo que se denomina diseño sostenible de una tecnología apropiada (Pearce 2012; Wikipedia 2014a, 2014b): están diseñadas para durar, en lugar de ser eliminadas y reemplazadas por nuevas tecnologías, "utilizan menos energía, menos recursos limitados, no agotan los recursos naturales, no contaminan directa o indirectamente el medio ambiente, y pueden ser reutilizadas o recicladas al final de su vida útil" (Wikipedia 2014a).

El marco Ecuatoriano de Política Energética

El sector energético en Ecuador

Con el inicio de la explotación petrolera en la región amazónica, en el año 1972, se produce paulatinamente un cambio en la estructura productiva del país y una dinamización de la economía nacional, adoptándose un modelo extractivista con alta vulnerabilidad en función de la variación de los precios del petróleo. Considerando la alta dependencia de un recurso no renovable cuyo aprovechamiento tiene un horizonte que solo puede extenderse hasta un determinado límite, el Gobierno Nacional ha emprendido el proceso de transformación de la estructura económica del país, basado en la diversificación de la matriz productiva, coherente con la visión de desarrollo sustentable e inclusión social.

Cabe señalar que, como consecuencia de los cambios experimentados en el modelo económico y en la estructura institucional del sector energético, la sistematización de la información y la realización de prospectiva energética no han constituido una prioridad en gobiernos anteriores, por lo que se carece de antecedentes en el ámbito institucional de estudios de prospectiva energética en el país. El análisis y evaluación del proceso de cambio de la matriz energética nacional hace necesario disponer de una imagen clara de la situación de la oferta y la demanda de energía, información que no ha sido sistematizada ni consolidada de manera oficial durante el periodo 1989-2012. Con el propósito de retomar, 25 años después, una actividad que constituye un componente clave en el marco de la prospectiva, establecimiento de políticas y planificación energética, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos elaboró el Balance Energético Nacional 2013, conjuntamente con las series históricas 1995-2012 (MICSE 2013). Este esfuerzo requirió la obtención y procesamiento de toda la información energética disponible desde el año 1995 hasta el año 2012, referente a la producción, comercio internacional (importaciones y exportaciones), transformación y consumo de todas las fuentes de energía en todos los sectores económicos del país; posteriormente, en marzo del 2013, se ha actualizado la información relativa a la matriz energética nacional. En el momento actual, se están realizando las gestiones pertinentes para que se realice una actualización de prospectiva, que permitirá comprender la evolución de los flujos de energía en un horizonte de largo plazo. Cabe mencionar que para el desarrollo de las actividades descritas fue necesaria la contratación de consultorías externas, en vista de que no se disponía de las capacidades técnicas institucionales, por lo que el desarrollo de estas capacidades constituye un elemento clave para poder realizar estas actividades localmente. Las competencias en prospectiva energética nacional serán próximamente asumidas por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), que deberá integrar la información energética del país, proporcionada por los diversos actores, como una herramienta clave de apoyo para la planificación energética.

El Balance Energético Nacional 2013 permite así evaluar la oferta y demanda de energía en el contexto nacional, presentando la información histórica a partir de 1995 hasta 2012, para hacer un análisis comparativo de la evolución de las variables que describen el sector energético ecuatoriano. En la tabla que se muestra a continuación se presenta un resumen comparativo de las principales variables energéticas para los años 2000, 2011 y 2012 (MICSE 2013):

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Conforme a los datos registrados en el balance para el año 2012, el petróleo representa el 90% de la producción total de energía primaria en Ecuador. Se observa un incremento en la exportación de energía, justificada por el petróleo, que tiene una participación del 92,9% en el total (129,5 millones de barriles en el año 2012). Las importaciones de energía secundaria han presentado igualmente una tendencia ascendente, principalmente por el incremento de las importaciones de gasolinas y diésel, que representan el 32,8% y 44% del total importado respectivamente. Por otra parte, se detecta una tendencia de incremento en el consumo final de energía, así como la reducción de la intensidad energética, como consecuencia de una mayor velocidad en la tasa de crecimiento del PIB en relación a la del consumo energético.

En términos generales, entre los años 2007 y 2013, el Gobierno ecuatoriano invirtió más de 21.000 millones de dólares en el sector energético, de los que 12.600 corresponden al sector de hidrocarburos y 4.900 al sector eléctrico.

En el año 2012, la estructura de generación eléctrica respondía a un esquema de generación de 53,6% hidráulica, 45,1% térmica y 1,3% de fuentes renovables no convencionales. En los próximos años, se espera un cambio significativo, alcanzando para finales de 2016 un 93% de generación hidroeléctrica en el sistema nacional.

El transporte constituye el sector con mayor demanda energética y con un mayor crecimiento durante las cuatro últimas décadas, pasando de representar en promedio el 33% de la energía final durante la década de 1970, al 52% en la década del 2000, alcanzando en el año 2012 el 55,3% de la energía final. Un elemento clave y que ha influido fuertemente en este crecimiento son los subsidios a derivados de petróleo. Los combustibles base en este sector son mayoritariamente combustibles derivados de petróleo, especialmente gasolina (43,9%) y diésel (42.6%).

Actualmente, el subsidio gubernamental a los combustibles derivados del petróleo representa una inversión de 4.594 millones de dólares, de los que aproximadamente 700 millones corresponden al subsidio al gas. Este subsidio permite diferenciar el precio del GLP (¿qué es GLP?) ecuatoriano respecto al precio internacional; el precio oficial del gas en Ecuador es de 1,6 dólares americanos por tanque de 15 kilos, mientras que en Perú bordea los 20 dólares y en Colombia los 25 dólares, lo que provoca situaciones de tráfico ilegal y fuga del combustible hacia los países vecinos por medio de pasos fronterizos irregulares. Recientemente, el gobierno ha anunciado la intención de eliminar el subsidio para el año 2016.

Dada la importante demanda de estos combustibles, el gobierno del Ecuador ha promovido la iniciativa de aumentar su producción en la nueva Refinería del Pacífico. Esta estrategia ahonda en el uso del petróleo y permite a medio plazo reducir la importación de costosos derivados de petróleo para uso interno; pero, sin embargo, no plantea alternativas de otras fuentes, a largo plazo, para afrontar el fin de la era petrolera en el país en los próximos 20 años.

Con respecto a otros sectores, cabe señalar que el sector industrial representa el 20%, correspondiendo un 15% del consumo energético al sector residencial; el resto de sectores (comercial, agrícola, construcción y otros) representan tan sólo el 10% del consumo energético.

El consumo energético per cápita se ha visto también incrementado en los últimos años, presentando en el año 2012 un valor promedio de 5,18 barriles equivalentes de petróleo por habitante. Por su parte, el consumo eléctrico per cápita fue en promedio de 1.273 kWh por habitante en el año 2012.

Marco para la definición de políticas energéticas en el contexto ecuatoriano

Introducir el marco de definición de políticas energéticas en el contexto ecuatoriano requiere un amplio recorrido desde la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia para la transformación de la matriz energética, el catálogo de políticas de los sectores estratégicos, el catálogo específico de políticas del sector eléctrico y los principales planes, proyectos y perspectivas de expansión de la infraestructura energética.

La Constitución del Ecuador de 2008 destaca que la energía en todas sus formas "es un sector estratégico [6] con influencia decisiva económica, social, política y ambiental" (Art. 313), subrayando la necesidad de garantizar la soberanía energética (Art. 15, 284, 304, 334) bajo criterios de sostenibilidad ambiental, tal y como se refleja explícitamente en los artículos 15 y 408:

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Art. 408 - El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

El Plan Nacional de Desarrollo -Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV)- define al sector energético como "el flujo sanguíneo del sistema productivo", por lo que muchos de sus objetivos remiten, explícita o implícitamente, al sector energético, bajo un paradigma transversal en el que la sostenibilidad y el conocimiento común y abierto [7] se presentan como conceptos fundamentales.

El PNBV 2013-2017 propone "reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable" (política 11.1 [8]). Paralelamente, la sostenibilidad representa un elemento clave y así se refleja en el Objetivo 7 "Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global", en el que se incluyen las siguientes políticas:

7.7. Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental.

a. Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para promover el ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía.

b. Promover investigaciones para el uso y la generación de energías alternativas renovables, bajo parámetros de sustentabilidad en su aprovechamiento.

c. Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y sustituir los vehículos convencionales, fomentando la movilidad sustentable.

d. Elaborar un inventario de fuentes y demanda de energías renovables y no renovables, así como de sus emisiones, incorporando alternativas tecnológicas.

7.10. Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria.

De manera adicional, las implicaciones de política energética subyacen en objetivos como el impulso a la transformación de la matriz productiva (Objetivo 10) y la mejora de la calidad de vida de la población (Objetivo 3[9]).

Por otra parte, la estrategia para la transformación de la matriz energética señala como componente esencial que la participación de las energías renovables debe incrementarse en la producción nacional. Para el cumplimiento de este objetivo, la estrategia señala que los proyectos hidroeléctricos del Plan Maestro de Electrificación deben ejecutarse sin dilación; y, adicionalmente, deben impulsarse los proyectos de utilización de otras energías renovables: geotermia, biomasa, eólica y solar. Siendo el sector de transporte el principal consumidor de energía, se vuelve imprescindible trabajar sobre este sector, buscando la eficacia y eficiencia del sistema.

La transformación de la matriz productiva y el proceso de transformación del patrón de especialización de la economía ecuatoriana persiguen la inserción estratégica y soberana en el contexto internacional. Los sectores priorizados y las industrias estratégicas, entre las que se encuentra la industria de renovables, serán los que faciliten la articulación efectiva de la política pública y la materialización de esta transformación. Tal y como ha analizado la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, este proceso debe posibilitar:

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la riqueza. • Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana. • Eliminar las inequidades territoriales. • Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de desarrollo de mercado.

La agenda de los Sectores Estratégicos es el instrumento rector de la planificación y por ende de la acción de los sectores estratégicos, constituyéndose en una herramienta de gestión efectiva, al dar lineamientos claros del accionar político y administrativo en cada uno de los Ministerios Rectores, que forman parte del sector. Las políticas intersectoriales tienen como objetivo cambiar la matriz energética, priorizando la inversión en nuevas fuentes de generación de energía y reducción de la demanda considerando la oportunidad de aprovechamiento de los recursos naturales.

Finalmente, entre los principales planes y proyectos de expansión de la infraestructura energética, así como de las perspectivas de importación y exportación de energéticos, cabe destacar el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, el Plan de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Mejoramiento de la Distribución y el Plan Maestro de Hidrocarburos, entre los programas de mayor relevancia para el sector.

A modo de resumen, cabe señalar que tanto la Constitución como el Plan Nacional de Desarrollo conceden apoyo político explícito a la transformación de la matriz productiva y energética hacia una economía de combustible post-fósil, alimentada por fuentes de energía renovables. Tomando como punto de partida las políticas expuestas, la siguiente sección del documento se centra en el planteamiento de recomendaciones específicas que contribuyan a este deseable proceso de transformación.

Recomendaciones de políticas públicas

El objetivo de esta sección es presentar orientaciones de políticas públicas para iniciar las transiciones descritas, en un marco de políticas y programas preexistentes. Previo al planteamiento de recomendación específicas, cabe precisar algunas observaciones, considerando los distintos componentes de oferta y demanda de la matriz energética.

En primer lugar, es importante tener presente que una matriz eléctrica tan poco diversificada presenta cierto riesgo, para cuyo análisis es necesario profundizar en escenarios de adaptación al cambio climático y su impacto en la generación hidroeléctrica, contemplando el potencial impacto de cambios de patrones de lluvia y temperaturas en cuencas hidrológicas. Del mismo modo, debe prestarse la debida atención a los diversos estudios previos que cuestionan la estrategia de puesta en marcha de grandes centrales hidroeléctricas. En un trabajo recientemente desarrollado en la Universidad de Oxford, se sugiere que, en la mayoría de los países, las grandes represas hidroeléctricas representarán un costo demasiado elevado en términos absolutos y su periodo de construcción será demasiado extenso como para proporcionar una rentabilidad positiva, a menos que se adopten una serie de medidas adecuadas de gestión de riesgos (véase Ansar et al. 2014). Los autores recomiendan, especialmente en los países en desarrollo, que en la definición de políticas públicas, los tomadores de decisiones prioricen alternativas energéticas más ágiles, que, con recursos energéticos renovables, puedan ser construidas en horizontes de tiempo más cortos, en lugar de apostar por megaproyectos energéticos.

En la hoja de ruta presentada recientemente por IRENA (2014), los argumentos económicos de peso para una transición energética hacia energías renovables son aun más fuertes cuando se incluyen los beneficios socio-económicos, como la mitigación del cambio climático, el impacto en la salud y la creación de empleo. Una alta participación de energías renovables proporciona flexibilidad, aumenta la independencia y hace que el suministro total de energía resulte más fiable y asequible. En el informe, se hace especial énfasis en el potencial de los edificios para la transformación hacia una matriz basada en energías renovables; en este sentido, es importante combinar la dimensión energética con la arquitectónica, garantizando un máximo aprovechamiento. El sector transporte constituye indudablemente un campo de acción prioritario: el objetivo de movilidad sostenible requiere una profunda transformación del sector, disminuyendo con carácter urgente el consumo de combustibles fósiles, mejorando la planificación y promoviendo el cambio de patrones de comportamiento. La inversión en políticas y sistemas de transporte más eficientes y eficaces no solamente traerá consigo una importante reducción en la importación de combustible -con el consiguiente ahorro de divisas- sino que de manera adicional presenta el mayor potencial de reducción de contaminación. De cara a mejorar el comportamiento del transporte de carga, deben analizarse acciones como el ordenamiento territorial, en previsión de la reducción de las necesidades de transporte, o la sustitución total o parcial del transporte carretero por transporte ferroviario o fluvial. Para el transporte de pasajeros, es necesario reflexionar sobre modelos económicos alternativos que reduzcan al menos parcialmente los subsidios a los derivados del petróleo, para de este modo desincentivar el uso del vehículo privado. Paralelamente, se debería incentivar la compra de vehículos de bajo consumo e impulsar alternativas de transporte de calidad basadas en otras fuentes energéticas. A nivel urbano, debe promoverse el transporte público de calidad, impulsando medios de transporte masivo eléctrico como tranvías, metro o trolebús, e incluso se puede analizar la viabilidad de pequeños vehículos eléctricos, como motocicletas y pequeños autos. Por otro lado, también es necesario que los municipios impulsen iniciativas para el uso de la bicicleta para desplazamientos de proximidad. Otra opción a valorar es la introducción de biocombustibles pero es importante estudiar en profundidad su viabilidad técnico-económica y sus impactos ambientales y sociales, para tomar decisiones de forma acertada sobre sus posibilidades de implementación.

Bajo esta perspectiva de transición, se hace también necesaria una reconversión productiva del sector agropecuario, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles a la vez que se reorienta el consumo hacia la producción local, reduciendo las necesidades de transporte. Si no se realiza esta reconversión de manera programada, la crisis del petróleo lo hará pero con costos sociales mucho mayores. Entre las acciones sugeridas, cabe mencionar el introducir prácticas agroecológicas que reduzcan el consumo de agua y agroquímicos, reducir el uso de maquinaria aumentando la mano de obra humana y animal, utilización de fuentes energéticas endógenas (biogás, biomasas, biocombustibles), reorientar la producción agropecuaria hacia los mercados locales o favorecer el consumo de alimentos producidos localmente (CEDA 2012).

G. (2014) “2.4 v1.0 Open and sustentable agriculture”, FLOK Society project, Quito: IAEN

A modo de recapitulación de lo anteriormente expuesto, el análisis continuo desde una perspectiva holística de la situación actual del país, así como de los escenarios futuros, considerando los componentes tecnológicos, socio-económicos y ambientales, permitirá que las acciones implementadas contribuyan al alcance de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV), impulsando eficazmente la transformación de la matriz productiva, con lo que se generarán empleos de calidad en el país. Una adecuada planificación, con enfoque de territorio, constituye sin duda una contribución estratégica al espíritu de desarrollo social y regional que busca impulsar el PNBV, generando un profundo efecto sobre la sociedad ecuatoriana. Esta planificación resulta especialmente relevante en el ámbito de las energías renovables, establecido como uno de los cinco destinatarios prioritarios de inversión pública en el contexto nacional, con el fin de proveer al país de una base sólida humana y material que sostenga en el tiempo la visión de largo plazo del PNBV.

En este marco de definición de políticas públicas, en el espacio de discusión mantenido durante la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en Quito del 27 al 30 de mayo 2014, se han identificado lineamientos estratégicos, con el apoyo clave de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), sobre los posteriormente se han esbozado las siguientes políticas:

  1. Definir e implementar una agenda regulatoria de eficiencia energética y energías renovables.
  2. Promover medidas de eficiencia energética y energías renovables en el cambio de la matriz productiva, mediante la implementación de tecnologías energéticas apropiadas y apropiables.
  3. Implementar un nuevo paradigma y protocolos de planificación energética, basados en la participación social territorial en el diagnóstico energético: identificación de necesidades, capacidades y recursos disponibles, con énfasis en su conservación y el empleo de tecnologías apropiadas. Planificar desde la diversidad territorial.
  4. Promover la generación, acceso y difusión de la información desagregada, georeferenciada y abierta sobre el sistema energético.
  5. Democratizar la prestación de servicios energéticos.
  6. Crear espacios y mecanismos de articulación de capacitación, investigación, innovación y producción entre el estado y la sociedad civil.
  7. Incluir cláusulas de conocimiento abierto en los contratos de las empresas públicas del sector eléctrico de Ecuador.
  8. Promover proyectos de ingeniería inversa en las empresas públicas ecuatorianas para la generación de conocimiento común y abierto en el ámbito de la energía.

De cara a la implementación efectiva de las mencionadas políticas, se sugiere la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto, cuyo carácter de demostración posibilite un efecto multiplicador. Los proyectos analizados durante la Cumbre del Buen Conocer se resumen a continuación:

  1. Diseño de una metodología participativa de planificación energética y educación popular con enfoque de territorio: identificación de usos finales y necesidades, recursos energéticos renovables y tecnologías apropiadas y apropiables.
  2. Red de laboratorios de innovación energética para la articulación de educación, investigación, innovación y producción: espacios productivos y de capacitación sobre generación y aprovechamiento energético con tecnologías apropiadas y abiertas.
  3. Uso local de biomasa: se ha analizado la implementación de una planta de extracción de aceite de palma a pequeña escala para usos locales de maquinaria agrícola en Quinindé. La planta se alimentaría con aceite proveniente de microproductores a través de policultivos de agroforestería, siendo el manejo en cooperativa.
  4. Análisis integral de recursos energéticos: se plantea la identificación de fuentes energéticas posibles y diseño de un sistema energético integral en función de las necesidades con una experiencia piloto en la zona de frontera en Loja, analizando el modelo adecuado de gestión para que pueda ser sostenible a largo plazo.
  5. Implementación de una red "microgrid-smart grid", siendo Galápagos el posible emplazamiento geográfico para el proyecto piloto.
  6. Electrificación con pequeña eólica de un taller de fabricación de maquinaria agrícola y aerogeneradores de tecnología abierta. Se plantea como posible escenario el desarrollo del proyecto en Sigchos.

Tal y como se explicita en el PNBV, en la articulación del sector de conocimiento y educación al sector productivo, uno de los retos inmediatos es consolidar una institucionalidad intersectorial con mecanismos eficientes de traducción del conocimiento a la generación de nuevos productos y medios de producción. Resulta imprescindible, para impulsar la innovación social, coordinar eficazmente los entes de investigación, el organismo rector de la propiedad intelectual, las diversas unidades productivas públicas, privadas, mixtas, cooperativas, asociativas y comunitarias -siempre privilegiando las solidarias- y los diversos actores de la sociedad.

Referencias

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Ansar, A. Flyvbjerg, B., Budzier, A., Lunn, D. (2014). Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development. Energy Policy 69, pp.43–56.

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Agradecimientos

El presente trabajo se ha beneficiado de las aportaciones y comentarios de prof. Nikos Hatziargyriou, miembro del grupo de investigación SmartRUE de NTUA, que proporcionó valiosas directrices durante la redacción inicial del documento. Los autores quieren agradecer especialmente las contribuciones realizadas por Jorge Luis Jaramillo, Fredy Oswaldo Monge y Aníbal Patricio Rivadeneira, durante las sesiones de discusión mantenidas en el marco de la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en la ciudad de Quito del 27 al 30 de mayo de 2014.

Notas

  1. 1,0 1,1 Copyright © Copyleft 2014 George Dafermos, Panos Kotsampopoulos, Kostas Latoufis, Ioannis Margaris, Beatriz Rivela, Fausto Paulino Washima, Pere Ariza-Montobbio, Jesús López: GFDL and Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 GFDL: Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html CC-by-sa: You are free to copy, distribute and transmit the work, to adapt the work and to make commercial use of the work under the following conditions: a) You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). b) If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Full license conditions can be found at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
  2. En los mercados de comercio energético, el hecho de que la electricidad sea un producto homogéneo -es decir, que la competencia no pueda ofrecer "paquetes" de servicios realmente diferentes, como en las telecomunicaciones, obligando a las empresas a la competencia, principalmente a través del marketing y la publicidad-, genera costes adicionales a los consumidores y, en cierta medida, cancela los supuestos beneficios de la adopción de marcos competitivos. La competencia en los mercados de comercio de energía en todo el mundo no han dado lugar a la reducción de los precios o la mejora de la calidad del producto (electricidad) para el consumidor, que debería ser, en principio, el foco principal y el resultado de este proceso. De hecho, con el fin de crear mercados energéticos abiertos, se requieren mayores precios para los pequeños consumidores.
  3. Practical Action. Up-scaling Micro Hydro: a success story? Accesible en http://practicalaction.org/docs/energy/microhydro_scaling_up.pdf
  4. URL: http://scoraigwind.co.uk
  5. Solar-Mad (http://www.solarmad-nrj.com) en Madagascar, Green Step (http://www.green-step.org) en Cameroon, Wind Aid (http://www.windaid.org) en Perú, the Clean Energy Initiative (http://www.tcei.info) en Mozambique, ÉolSénégal (http://www.eolsenegal.sn) en Senegal, COMET‐ME (http://comet-me.org) en Palestina y I-Love-Windpower (http://www.i-love-windpower.com) en Mali y Tanzania.
  6. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
  7. La estrategia de acumulación, distribución y redistribución, en concordancia con el Programa de Gobierno 2013-2017, propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados (Movimiento Alianza PAIS, 2012).
  8. La política 11.1 se enmarca en el objetivo 11 del PNBV, "Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica".
  9. En el Objetivo 3 se establece como lineamiento, en el marco de la política "3.9. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna", d) Promover la construcción de viviendas y equipamientos sustentables que optimicen el uso de recursos naturales y utilicen la generación de energía a través de sistemas alternativos.